En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Congreso mexicano es escenario de lo que colectivas y especialistas califican como un grave acto de violencia institucional. El diputado federal y exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, ha presentado una iniciativa de ley que busca castigar con cárcel a las mujeres que presenten denuncias falsas por violencia de género.
El análisis de esta propuesta no puede desligarse de quien la emite: un hombre que ostenta poder político y que, paradójicamente, impulsa castigos contra quienes denuncian, mientras él mismo arrastra un oscuro expediente de violencia de género. Lejos de buscar justicia, el proyecto legislativo es señalado como un mecanismo de intimidación estatal, impulsado por un funcionario que intenta blindarse frente a las graves acusaciones que pesan en su contra.
La iniciativa: Un mecanismo de revictimización e intimidación
La propuesta de Cuauhtémoc Blanco pretende modificar el Código Penal para agravar las penas contra quienes formulen acusaciones que no logren comprobarse en los tribunales, bajo el argumento de “proteger a los hombres de extorsiones”.
Desde la perspectiva de género, las expertas en derecho advierten que este tipo de “leyes mordaza” ignoran deliberadamente la realidad del sistema de justicia en México. En un país donde probar la violencia sexual o doméstica es un proceso tortuoso, revictimizante y lleno de trabas misóginas, amenazar a las víctimas con la cárcel si su carpeta de investigación no prospera tiene un solo objetivo: sembrar terror para silenciarlas y garantizar la impunidad de los agresores.
La respuesta de las colectivas y el escrutinio mediático
El activismo feminista no tardó en evidenciar la incongruencia de la propuesta. Renata Villarreal, de la colectiva Marea Verde México, desmontó la narrativa que criminaliza a las mujeres: “El primer punto a aclarar es que las mujeres también podemos ser agresoras, pero siempre que esto pasa, nos señalan a las feministas como si apoyáramos las denuncias falsas”.
Villarreal subrayó la desigualdad estructural que ya existe en el sistema judicial, recordando que, por el mismo delito, las mujeres suelen recibir condenas hasta 5 años mayores que los hombres. Las colectivas coinciden en que lanzar esta narrativa punitiva en la antesala del 8M es una estrategia calculada para desviar la atención de la impunidad de los agresores en el poder.
El historial de un agresor en el poder: 1 denuncia penal y 2 sanciones
Para entender el peligro de esta iniciativa, es vital revisar a quién busca proteger. El exmandatario no es una víctima del sistema, sino un actor con un patrón documentado de violencia contra las mujeres, materializado en tres expedientes formales:
- 1 denuncia por intento de violación: Existe una carpeta de investigación abierta de extrema gravedad. Su propia media hermana interpuso una denuncia penal acusándolo de tentativa de violación, delito presuntamente perpetrado en la Residencia Oficial de Morelos al amparandose en el fuero que su mismo cargo le otorga.
- Primera sanción por Violencia Política de Género: Autoridades electorales lo encontraron culpable de emitir discursos misóginos para vulnerar los derechos políticos y la dignidad de la entonces candidata Lucía Meza Guzmán.
- Segunda sanción (Reincidencia): El Tribunal Electoral comprobó un comportamiento sistemático, emitiendo una segunda sanción en su contra por violencia política en razón de género. Blanco fue ingresado al registro oficial de violentadores por utilizar el aparato del Estado para denigrar la participación pública de las mujeres.
La justicia como escudo de impunidad
Que un legislador con una denuncia por violencia sexual intente tipificar leyes para encarcelar a denunciantes es el reflejo más claro del pacto patriarcal en la política mexicana. La iniciativa de Cuauhtémoc Blanco no busca la justicia procesal; busca legalizar la amenaza contra las víctimas en un país con más del 90% de impunidad en delitos de género, resaltado la violencia institucional hacia las mujeres.
